Una amplia alianza de municipalidades, cámaras empresariales, organizaciones turísticas y representantes comunales del área de influencia del Lago Arenal solicitó formalmente a la Asamblea Legislativa la aprobación urgente del Proyecto de Ley N.° 22.981, que crea el Área Silvestre Protegida Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal y establece un marco moderno para el uso sostenible de su zona de amortiguamiento.
El proyecto de ley reconoce de manera expresa que el uso prioritario e innegociable del Lago Arenal es la generación de energía eléctrica por parte del ICE, así como su papel estratégico en la regulación hídrica y el abastecimiento de agua para Guanacaste, funciones que no solo no se debilitan, sino que se ordenan y se protegen jurídicamente mediante esta iniciativa.
Durante más de cinco décadas, el embalse y sus comunidades han operado en un vacío normativo, lo que ha generado inseguridad jurídica, conflictos institucionales y una creciente judicialización, afectando tanto al Estado como a empresarios y pobladores que han actuado de buena fe.
Actualmente, esta situación ha escalado a un conflicto legal e institucional activo, con procesos impulsados por el SINAC, la Fiscalía y otros órganos del Estado que incluyen órdenes de desalojo, amenazas de expropiación y demolición de infraestructura existente. Esta dinámica no solo fractura la convivencia social, sino que también expone al Estado costarricense y al ICE a millonarias reclamaciones indemnizatorias, dado que existen resoluciones judiciales que reconocen que muchos de los impactos del llenado del embalse no son imputables a los propietarios colindantes.
Las organizaciones firmantes destacaron que, en la etapa actual del trámite legislativo, existe un consenso técnico e institucional entre el ICE, las autoridades ambientales y el Poder Ejecutivo sobre la necesidad de contar con un marco normativo integral, moderno y equilibrado. La ley permitiría regular los usos, definir límites operativos, ordenar las actividades turísticas de bajo impacto y brindar seguridad jurídica a las comunidades y al propio Estado.
“La aprobación del Proyecto de Ley 22.981 no es una decisión de futuro, es una medida urgente de orden público y estabilidad jurídica. Cada día de atraso profundiza el conflicto social y aumenta el riesgo de condenas que terminarán pagando todos los costarricenses”, señalaron las organizaciones firmantes
El respaldo al proyecto incluye a las Municipalidades de Tilarán y San Carlos, la Intendencia de Peñas Blancas, la Cámara de Turismo Guanacasteca (CATURGUA), la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), las cámaras de comercio y turismo de Tilarán, El Castillo, Arenal–La Fortuna, Monteverde y la Zona Norte, así como asociaciones de desarrollo y empresarios turísticos y productivos del área de influencia del lago.
Las organizaciones solicitaron además una audiencia con las señoras y señores diputados para explicar en detalle la gravedad de la situación que viven actualmente las comunidades alrededor del Lago Arenal y la urgencia de aprobar esta ley.
